Tasas al 90% y plazos fijos al 60%: fiesta financiera, un problema para pymes

La Argentina enfrenta un momento de elevada tensión económica. Las tasas de interés interbancarias han superado el 90% y los rendimientos de los plazos fijos rondan el 60%, un escenario inédito que favorece al sistema financiero pero encarece enormemente el crédito para el sector productivo. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) denuncian que el alto costo del dinero limita su capacidad de financiación, afectando tanto la producción como el empleo, en un país donde las pymes representan cerca del 70% del empleo privado formal. A su vez, el consumo interno se mantiene débil y la actividad general muestra señales de enfriamiento, todo esto mientras la inflación proyectada para 2025 se ubica alrededor del 25% y el dólar oficial permanece controlado por el Gobierno.

Esta imagen podría tener derechos de autor.

El incremento de las tasas responde en parte a la política monetaria contractiva que viene aplicando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde agosto. En ese mes, el BCRA elevó los encajes mínimos sobre los depósitos bancarios al 50%, un nivel sin precedentes desde los años noventa. Esta medida obligó a los bancos a inmovilizar la mitad de los fondos depositados, reduciendo su capacidad de prestar dinero. A cambio, las entidades financieras mantienen altas tasas de interés para captar más depósitos, asegurando márgenes positivos dado que la inflación se sitúa por debajo de esas tasas. Sin embargo, este mecanismo de absorción de pesos ha tensado a las empresas, que ven restringido su acceso al crédito en momentos en que aún se mantienen exigentes condiciones financieras.

En el ámbito político, el presidente Javier Milei atribuye la suba de tasas principalmente al “riesgo kuka”, concepto acuñado por economistas para describir la incertidumbre electoral asociada a un posible regreso del kirchnerismo. Según Milei, los mercados financieros reaccionan al calendario electoral (con elecciones legislativas provinciales en septiembre y nacionales en octubre) y elevan las tasas ante la posibilidad de un triunfo opositor. No obstante, voces de consultoras y bancos internacionales señalan también desequilibrios estructurales de la economía que explican la tensión financiera. Por ejemplo, el banco JP Morgan redujo su estimación de crecimiento para Argentina al advertir que el alto costo del crédito desacelera la actividad económica y que el elevado volumen de vencimientos de deuda en pesos (unos 80 billones hasta las elecciones de octubre) representa un desafío significativo. Frente a esos vencimientos, el Tesoro debe realizar licitaciones adicionales de bonos para renovar deuda y absorber excedentes de liquidez antes de los comicios, como ocurrió en varias jornadas recientes.

A estos factores económicos se suman denuncias de corrupción que han cobrado relevancia en las últimas semanas y que involucran a funcionarios cercanos al Gobierno. Inicialmente salieron a la luz cuestionamientos por casos como “Cripto Libra”, irregularidades en compras del PAMI y problemas en el Ministerio de Salud. Sin embargo, el episodio más resonante fue la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se mencionan presuntas maniobras de corrupción vinculadas al entorno presidencial. Aunque el Gobierno ha reaccionado desplazando a los funcionarios involucrados, la causa fue impulsada judicialmente por un abogado ligado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, añadiendo un componente político al escándalo. Estas denuncias resultan especialmente sensibles para el oficialismo, que había hecho de la transparencia un eje de su discurso. La respuesta gubernamental hasta ahora ha minimizado el impacto, atribuyéndolo al clima electoral en lugar de afrontar una investigación profunda.

En definitiva, la Argentina llega a las elecciones de septiembre y octubre con un panorama mixto: por un lado, un sistema financiero fortalecido por tasas extraordinarias y encajes elevados; por otro, una economía real que se debilita y un escenario político cargado de incertidumbres. El desafío inmediato para el Gobierno será renovar la deuda del Tesoro sin que eso genere mayor presión sobre las tasas o incentive una dolarización creciente. A mediano plazo, la pregunta central es si el actual esquema de política monetaria puede sostenerse sin afectar más gravemente la producción. Además, la capacidad del oficialismo para gestionar estas denuncias de corrupción sin perder legitimidad ante la sociedad se perfila como otro factor clave que influirá en la estabilidad económica y política en los meses por venir.