El Estado fundió a los productores y ahora busca una prórroga del FET

En Jujuy, la Ley Provincial N° 5918 permitió al Estado administrar el 20% del Fondo Especial del Tabaco (FET) bajo la excusa de una emergencia sectorial. A casi una década de su implementación, los resultados fueron decepcionantes: ni mejoras estructurales, ni auditorías claras, ni rendición de cuentas. En lugar de rescatar al sector, el Estado terminó gestionando recursos ajenos con discrecionalidad, dejando a los productores en una situación crítica.

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El artículo 6° de la ley autorizó endeudamientos millonarios garantizados con coparticipación y con el propio FET. Los fondos debían ser invertidos en infraestructura y asistencia técnica, pero según denuncias del sector, ese dinero no se tradujo en obras concretas ni en herramientas efectivas para el desarrollo productivo. La administración pública utilizó estos recursos con fines alejados de la producción tabacalera, traicionando el espíritu de la Ley Nacional 19.800.

En el presente, la situación del tabaco jujeño es grave: sin crédito, con precios deprimidos y cooperativas al borde del colapso. Sin embargo, el gobierno insiste en extender una estructura fracasada, sin presentar planes de mejora ni auditorías independientes. La falta de transparencia es un reclamo constante entre los productores que ven cómo el fondo sigue siendo controlado por el Estado sin justificación.

La Cámara del Tabaco, entidades rurales y productores exigen que el FET vuelva a manos de quienes lo generan. Reclaman un manejo autónomo, responsable y participativo del fondo, que promueva la eficiencia, la equidad y el verdadero desarrollo rural. La continuidad del actual esquema es vista como un saqueo legalizado, una contradicción dentro de un modelo que, en lo discursivo, pregona la retirada del Estado.