Productores tabacaleros rechazan un proyecto que busca extender el control estatal sobre fondos del FET

El sector tabacalero de Jujuy atraviesa un nuevo conflicto institucional luego de la presentación de un proyecto de ley que propone prorrogar por cinco años la administración provincial del 20% de los recursos correspondientes al Fondo Especial del Tabaco (FET). La iniciativa, impulsada por legisladores oficialistas, despertó un fuerte rechazo entre productores, cooperativas y entidades representativas, que consideran que esos fondos deben volver a ser administrados directamente por el propio sector una vez vencida la Ley de Emergencia sancionada en 2016.

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El Fondo Especial del Tabaco constituye uno de los principales mecanismos de financiamiento para las provincias tabacaleras argentinas. Se nutre de un porcentaje de la recaudación obtenida por la venta de cigarrillos y se distribuye entre los productores mediante dos grandes componentes: un 80% destinado a complementar el precio recibido por la hoja de tabaco y un 20% orientado a programas de reconversión productiva, asistencia técnica, infraestructura, seguros agrícolas y mejoras para las comunidades tabacaleras. Precisamente este último porcentaje es el que se encuentra en disputa en la provincia de Jujuy.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la continuidad de la ley resulta necesaria para garantizar el saneamiento económico de la Cooperativa de Tabacaleros, fortalecer los mecanismos de control y preservar una actividad que genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos. El proyecto también plantea la conformación de una nueva comisión de seguimiento encargada de auditar el uso de los recursos y supervisar la evolución financiera de la entidad cooperativa.

Sin embargo, tanto la Cámara del Tabaco como la Cooperativa rechazaron la iniciativa al considerar que vulnera los derechos de los productores sobre fondos que les pertenecen. Las entidades sostienen que la cooperativa logró revertir su situación financiera durante los últimos años y que ya no existen razones para mantener la administración estatal sobre esos recursos. Además, reclaman haber sido excluidos del debate legislativo y advierten que continuarán realizando gestiones para impedir el avance del proyecto, manteniéndose en estado de alerta hasta obtener definiciones oficiales.