La ITC de EE.UU. investiga importaciones ilegales de cigarrillos electrónicos tras la denuncia de RJ Reynolds
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La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) abrió una investigación formal sobre la importación y comercialización de diversas marcas de dispositivos para vapear en el mercado estadounidense. La causa fue impulsada por filiales de RJ Reynolds Tobacco Company y se encuadra en el artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930, que regula las prácticas de competencia desleal en el comercio internacional. La denuncia fue presentada en enero de 2026, complementada en febrero y anunciada públicamente por la ITC el 26 de ese mismo mes.
La denuncia apunta a fabricantes y distribuidores de sistemas electrónicos de administración de nicotina (ENDS), tanto desechables como de sistema cerrado, que operarían en violación de diversas normativas estadounidenses. Entre los señalamientos de Reynolds figuran incumplimientos de la Ley PACT, violaciones a prohibiciones estatales de sabores, incumplimiento de requisitos de registros estatales e infracciones a las normas sobre impuestos especiales. La empresa sostiene que estas prácticas amenazan con "destruir o perjudicar gravemente" a la industria nacional legítima.
La investigación alcanza a un amplio espectro de actores: fabricantes radicados en China y Hong Kong, distribuidores estadounidenses en estados como Georgia, Nueva York, California, Illinois, Florida, Connecticut y Texas, y empresas de Guangdong y Shenzhen que ya habían aparecido en el radar regulatorio de la FDA. Reynolds solicita a la comisión la emisión de órdenes de exclusión general o limitada para bloquear el ingreso de estos productos al país, así como órdenes de cese y desistimiento contra los distribuidores involucrados.
El caso refleja una problemática más amplia que atraviesa al mercado de vapeo estadounidense: de aproximadamente 26 millones de solicitudes PMTA presentadas ante la FDA, solo 39 productos de vapeo obtuvieron autorización, todos ellos vinculados a fabricantes de tabaco actuales o anteriores. El resto opera en una zona gris que beneficia a los proveedores ilegales. Si la ITC confirma infracciones, podría prohibir la importación de los productos implicados, lo que representaría una transformación significativa del mercado de cigarrillos electrónicos desechables en el país.
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