Ley de Glaciares en debate: ¿protección ambiental o avance extractivista?

El proyecto oficial para modificar la Ley 26.639 de protección de glaciares abrió un intenso debate jurídico y ambiental. La normativa vigente prohíbe actividades mineras e hidrocarburíferas en glaciares y ambientes periglaciares, reconociendo su rol esencial como reservas estratégicas de agua dulce.

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Del agua de deshielo dependen más de siete millones de personas y 1800 localidades en Argentina. La posible reforma otorgaría mayor discrecionalidad a los gobiernos provinciales para determinar qué áreas cumplen funciones hídricas relevantes, lo que genera preocupación por la falta de criterios científicos y participación ciudadana.

El inventario y monitoreo de los glaciares está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo técnico responsable de identificar y clasificar estos cuerpos de hielo. Diversos sectores sostienen que modificar la ley implicaría un retroceso en materia ambiental.

Especialistas advierten que la iniciativa vulneraría principios establecidos en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú. El debate de fondo enfrenta dos modelos: uno centrado en la explotación de recursos y otro en la preservación del agua como bien común.